Propuestas de la papeleta de NYC de 2026
Este otoño, habrá cinco propuestas de Enmienda al Estatuto de la Ciudad de Nueva York en la papeleta. Puede votar "Sí" o "No" para cada propuesta.
El Estatuto establece las normas sobre cómo funciona el Gobierno de la Ciudad de Nueva York. Estas propuestas modificarían los procesos sobre el uso del espacio público, la contratación de la ciudad, los proyectos de seguridad en la calle, las propiedades pertenecientes a la ciudad y las oficinas, los permisos de construcción y las reservas financieras de la ciudad.
A continuación, se presentan los resúmenes de las cinco propuestas, incluidos los cambios en cada una y qué implicaría votar "Sí" o "No".
Resumen de las propuestas de la papeleta
Lo que verá en la papeleta
Simplificar el proceso de uso del espacio público para fines como rampas, jardineras y cafés, al eliminar las audiencias obligatorias y la desaprobación del Concejo para las cafeterías en las aceras, manteniendo la participación de la comunidad y del Concejo.
Votar "sí" agiliza el proceso para el uso del espacio público, manteniendo las opiniones de la comunidad.
Votar "no" mantiene el proceso más largo, con audiencia pública obligatoria para el uso del espacio público y revisión del Concejo para las cafés en las aceras.
Lo que significa esta propuesta
Esta propuesta cambiaría la forma en que la Ciudad de Nueva York autoriza el uso de las aceras y calles públicas para estructuras al aire libre como rampas de accesibilidad, bancas, postes eléctricos, marquesinas en las paradas de autobús y cafés al aire libre.
Actualmente, los dueños de propiedades y negocios que deseen utilizar el espacio público deben obtener un permiso de la ciudad llamado "consentimiento revocable". Primero, presentan solicitudes al Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) o la Oficina de Tecnología e Innovación (Office of Technology and Innovation, OTI). Luego, se le exige a la agencia realizar una audiencia pública, y el solicitante debe pagar para publicar avisos publicitarios en periódicos locales. Además, se debe notificar a las juntas comunitarias, los concejales y los presidentes del condado. Para los cafés al aire libre, el Concejo Municipal puede votar para rechazar el permiso incluso después de que el DOT lo apruebe. La ciudad puede revocar esos permisos en cualquier momento, y los titulares del permiso pagan una tarifa anual.
Según la propuesta, las audiencias públicas serían opcionales, lo que significa que muchas solicitudes podrían proceder sin necesidad de una. Aún se le notificaría a las juntas comunitarias, los concejales y los presidentes del condado sobre las solicitudes y podrían enviar comentarios al DOT o al OTI, pero tendrían menos pasos formales de revisión. Los solicitantes de permisos ya no pagarían por anuncios en periódicos, pero los avisos seguirían publicándose en el Registro de la Ciudad (City Record), la publicación oficial de avisos públicos de la ciudad. Los cafés al aire libre recibirían el mismo trato que todos los demás consentimientos revocables, eliminando la autoridad del Concejo Municipal para rechazar esos permisos.
El nuevo proceso de aprobación y la eliminación de las audiencias y revisiones requeridas entrarían en vigencia el 1 de marzo de 2027, y no se aplicaría a las solicitudes ya entregadas.
Lo que verá en la papeleta
Reducir la carga administrativa para los contratistas de la Ciudad al autorizar a la Junta de Políticas de Adquisiciones a simplificar el cuestionario para contratistas. Exigir que la Junta de Políticas de Adquisiciones se reúna cada trimestre. Eliminar la audiencia obligatoria para el informe requerido de servicios al cliente.
Votar "sí" modifica las facultades de la Junta de Políticas de Adquisiciones, lo que incluye la simplificación del cuestionario para contratistas. Autoriza al alcalde a delegar ciertas aprobaciones de contratos.
Votar "no" deja la ley sin cambios, y el alcalde y el contralor mantienen el cuestionario más extenso.
Lo que significa esta propuesta
Esta propuesta modificaría el proceso de contratación de la ciudad, que rige la forma en que la ciudad contrata a empresas y organizaciones sin fines de lucro para que proporcionen bienes y servicios. Además, requeriría reuniones periódicas de la Junta de Políticas de Adquisiciones (Procurement Policy Board, PPB), que establece las normas para la contratación de la ciudad.
Actualmente, los posibles contratistas deben completar el mismo cuestionario detallado, a cargo de la Oficina de Servicios de Contratación de la Alcaldía (Mayor’s Office of Contract Services, MOCS) y el contralor, sin importar el valor del contrato. Según esta propuesta, la PPB determinaría el contenido del cuestionario y podría reducir los requisitos para ciertos contratistas, como los de menor tamaño o los contratos de menor valor. En el caso de las franquicias y concesiones, el Comité de Revisión de Franquicias y Concesiones tendría la misma autoridad.
Las agencias que adjudican contratos para servicios directos, como albergues, programas de capacitación laboral y servicios para jóvenes, deben elaborar actualmente un plan anual para dichos contratos. Según esta propuesta, estas agencias ya no tendrían que celebrar una audiencia pública sobre su plan preliminar, pero sí tendrían que publicar un plan definitivo cada año.
Actualmente, la Oficina de la Alcaldía puede delegar la autoridad para aprobar contratos a los jefes de contratación de las agencias, pero no en el caso de ciertos contratos que superen los 5 millones de dólares. Esta propuesta permitiría a la Oficina de la Alcaldía delegar también la aprobación de esos contratos, con la autorización del comisionado de la agencia.
De acuerdo con la ley estatal, actualmente la ciudad puede aceptar comentarios del público sobre ciertos contratos de mayor valor en lugar de celebrar una audiencia pública presencial. Según la propuesta, esta opción pasaría a ser permanente en la legislación municipal, y la PPB decidiría el valor del contrato a partir del cual se requiere un período de comentarios públicos.
Por último, actualmente, la PPB no tiene la obligación de reunirse de manera periódica establecida y esta propuesta exigiría que se reuniera al menos una vez cada tres meses.
El calendario de reuniones de la PPB entraría en vigencia el 1 de enero de 2027, y se les permitiría decidir el valor del contrato a partir del cual se requiere un período de comentarios públicos a partir del 1 de octubre de 2030. Todo lo demás entraría en vigencia de inmediato tras la certificación de la aprobación por parte de los votantes.
Lo que verá en la papeleta
Simplificar la revisión de los proyectos de seguridad de calles para reducir el tiempo de construcción. Proceso acelerado para la disposición de propiedades municipales sin uso, con la aprobación de la Comisión de Planificación Urbana (City Planning Commission). Agilizar el arrendamiento de oficinas utilizadas por el personal de la ciudad.
Votar "sí" simplifica la aprobación de proyectos de calles, la disposición de propiedades municipales y el arrendamiento de oficinas.
Votar "no" mantiene la consulta entre agencias para los proyectos de calles, la aprobación del Concejo Municipal para las disposiciones de propiedades municipales y la desaprobación del Concejo de los arrendamientos de oficinas.
Lo que significa esta propuesta
Esta propuesta modificaría los procesos de aprobación de la Ciudad en tres ámbitos distintos: proyectos importantes de transporte, como carriles para bicicletas y rediseños de calles; la venta o el arrendamiento de ciertas propiedades pertenecientes a la ciudad; y la adquisición de cargos por parte de la ciudad para sus empleados.
Actualmente, antes de poner en marcha proyectos importantes de transporte, como la incorporación o eliminación de carriles para bicicletas y autobuses, el Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) debe notificar a los funcionarios electos locales y a las juntas comunitarias, y consultar con el Departamento de Policía, el Departamento de Bomberos, la Oficina de la Alcaldía para Personas con Discapacidad y el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas. En casos limitados en que las preocupaciones por la seguridad pública exijan una acción inmediata, esta propuesta aclararía la legislación vigente en el sentido de que el DOT puede iniciar las obras antes de notificar a los funcionarios electos y a las juntas comunitarias, cuando el DOT considere que el proyecto es necesario con base en datos de seguridad. Además, los errores técnicos o las consultas omitidas no serían una razón válida para detener un proyecto.
En la actualidad, la mayoría de las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a la ciudad requieren que el Departamento de Servicios Administrativos Municipales (Department of Citywide Administrative Services, DCAS) lleve a cabo un proceso de siete meses, denominado Procedimiento uniforme de revisión del uso del suelo (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP). Según esta propuesta, la venta o el arrendamiento de lotes más pequeños y de derechos de desarrollo en sitios emblemáticos de propiedad municipal podrían someterse a un proceso de revisión más breve, siempre y cuando el proyecto no requiera una declaración de impacto ambiental. Este proceso más breve, denominado Procedimiento acelerado de revisión del uso del suelo (Expedited Land Use Rreview Procedure, ELURP), permite que las juntas comunitarias y los presidentes del condado realicen una revisión simultánea y que la Comisión de Planificación Urbana tome la decisión final, sin que sea necesaria una revisión final por parte del Concejo Municipal. La propuesta también convertiría en permanente un programa que permite a la ciudad vender lotes no urbanizables a los propietarios de terrenos adyacentes sin necesidad de una subasta pública. Por último, la propuesta eliminaría la obligación de celebrar una audiencia pública en el proceso cuando hayan transcurrido más de dos años desde que el Concejo aprobó la venta o adquisición de una propiedad.
Actualmente, cuando la ciudad busca adquirir o arrendar espacios de oficina para sus empleados, la propuesta debe pasar por un proceso que exige notificar a la Junta Comunitaria local y a los cinco presidentes del condado, celebrar una audiencia pública y someterla a votación ante la Comisión de Planificación Urbana, así como someterla a revisión por parte del Concejo Municipal, que tiene la facultad de rechazarla con una mayoría de dos tercios. Esta propuesta eliminaría los requisitos de audiencia y las autorizaciones del Concejo Municipal y de la Comisión de Planificación Urbana. En cambio, el comisionado de DCAS certificaría la adquisición y notificaría con anticipación a la Junta Comunitaria local, al concejal y al presidente del condado. Una vez finalizada la adquisición, DCAS también notificaría al Concejo Municipal y al contralor.
La mayoría de los cambios entrarían en vigencia de inmediato tras la certificación de la aprobación por parte de los votantes, excepto la autorización permanente para la venta de terrenos no urbanizables, que entraría en vigencia el 31 de diciembre de 2030.
Lo que verá en la papeleta
Crear un sistema centralizado de permisos de construcción para simplificar su tramitación. Trasladar los permisos de zona costera del Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (Department of Small Business Services) al Departamento de Edificios. Permitir que otros funcionarios del Departamento de Edificios aprueben los proyectos de construcción.
Votar "sí" simplifica la tramitación de permisos al autorizar un sistema centralizado de permisos, traslada la tramitación de permisos para zonas costeras al Departamento de Edificios y permite que otros funcionarios del Departamento de Edificios emitan aprobaciones.
Votar "no" mantiene la ley sin cambios.
Lo que significa esta propuesta
Esta propuesta cambiaría la forma en que la Ciudad de Nueva York gestiona los permisos y las autorizaciones de construcción. Esto permitiría que más funcionarios de la agencia aprobaran proyectos de construcción, crearía un sistema centralizado de expedición de permisos de construcción y transferiría la expedición de permisos de construcción en la zona costera al Departamento de Edificios (DOB).
Actualmente, el comisionado del DOB solo puede nombrar a un número limitado de funcionarios con la facultad de aprobar documentos de construcción. Esta propuesta permitiría al comisionado nombrar funcionarios adicionales con esta facultad, ampliando el número de funcionarios autorizados para aprobar permisos. En el Estatuto, los superintendentes del condado pasarían a llamarse formalmente comisionados del condado, para reflejar sus títulos actuales.
Actualmente, los solicitantes de permisos de construcción deben presentar documentos a múltiples Agencias de la Ciudad a través de sistemas separados. Bajo esta propuesta, el DOB estaría obligado a desarrollar un sistema único y centralizado para presentar solicitudes de permisos y recibir aprobaciones, a más tardar en 2030, y todas las Agencias de la Ciudad estarían obligadas a usar ese sistema.
Por último, el Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (Department of Small Business Services, SBS) actualmente administra los permisos de construcción para ciertas estructuras costeras, incluidos edificios marítimos. Bajo esta propuesta, esa responsabilidad se trasladaría del SBS al DOB, pero los permisos y aprobaciones existentes permanecerían sin cambios.
Estos cambios entrarían en vigencia de inmediato tras la certificación de la aprobación de los votantes, con excepción de la transferencia de los permisos de construcción de zona costera, que entraría en vigencia el 31 de diciembre de 2030, o tan pronto como se adopte y entre en vigencia un nuevo código de estructuras costeras.
Lo que verá en la papeleta
Establecer un monto objetivo de dinero para mantener en fondos de reserva, incluido el Fondo de Reserva (Rainy Day Fund), para hacer frente a dificultades financieras imprevistas en años futuros, y exigir el desarrollo de una metodología para calcular las contribuciones.
Votar "sí" requiere que el alcalde desarrolle una metodología para calcular los depósitos al fondo de reserva, estando dichos depósitos sujetos a la aprobación en el presupuesto de la ciudad.
Votar "no" mantiene las leyes sin cambios, y no establece un objetivo para los fondos de reserva.
Lo que significa esta propuesta
Esta propuesta establecería metas de ahorro para el Fondo de Reserva de la ciudad y requeriría que la ciudad publique un plan sobre cómo agrega dinero al fondo.
En 2019, los votantes aprobaron la creación de un Fondo de Reserva, que permite a la ciudad reservar dinero para usarlo durante recesiones económicas, emergencias o caídas inesperadas de ingresos. Sin embargo, actualmente no existe ningún requisito de ahorrar una cantidad específica cada año.
Esta propuesta establecería el objetivo de mantener un saldo mínimo equivalente a, al menos, el 12 % de los ingresos fiscales del año anterior de la ciudad en el Fondo de Reserva u otros fondos de reserva. A más tardar en mayo 2027, la Oficina de Administración y Presupuesto, en consulta con el contralor, publicará un plan en el que se describa cómo deben realizarse los depósitos cuando el fondo se encuentre por debajo del nivel objetivo. La metodología se actualizaría para mayo de 2030 y, a partir de entonces, cada cuatro años. Los depósitos podrían realizarse a lo largo de varios años o suspenderse en caso de dificultades financieras, y de todos modos requerirían la aprobación del alcalde y del Concejo Municipal mediante el proceso habitual de elaboración del presupuesto anual.
La propuesta también incorporaría de manera permanente a la legislación municipal un requisito estatal que limita los retiros al 50 % del fondo, a menos que el alcalde certifique que existe una razón fiscal de peso.
Estos cambios entrarían en vigencia de inmediato tras la certificación de la aprobación por parte de los votantes.
